Solo un hombre ha sido condenado por los crímenes de esa organización, enemiga del cartel de Medellín, y está muerto. Y al cabecilla en poder de la justicia, ni siquiera lo han interrogado.
NELSON MATTA COLORADO |ELCOLOMBIANO.COM Publicado el 29 de noviembre de
2013
El primero de marzo de
1993 un comando de mercenarios con prendas de la Fuerza Pública ingresó de
madrugada a la urbanización Villa Jardín, de El Poblado, y secuestró al
constructor Luis Guillermo Londoño White.
Su cadáver magullado
apareció, horas más tarde, en un paraje del barrio Loreto, con un letrero que
decía: “Servil testaferro iniciador de secuestros al servicio de Pablo
Escobar”, firma “los Pepes”.
Tres días después, otro
grupo armado que vestía atuendos del DAS torturó y asesinó al abogado Raúl
Jairo Zapata Vergara.
El cuerpo fue hallado
en el sector La curva del Diablo, de Moravia, con un cartel que pregonaba: “Por
inescrupuloso defensor del cartel, abogado de Escobar, Santiago Uribe
(jurista), Salomón Lozano Cifuentes, Gilberto Gómez, Luis Ángel y Claudia de la
Procuraduría”, signado por el mismo grupo.
Con una serie de
atrocidades similares, se dio a conocer ese año un clan de vengadores,
autoproclamado “Perseguidos por Pablo Escobar”, que firmaba sus acciones con la
rúbrica de “los Pepes”.
Su objetivo era
aniquilar todo aquello que guardara una relación, así fuera por mera sospecha,
con el patrón del cartel de Medellín.
En una sentencia de
radicado 766F-10.676 (del año 1997), un juez regional sin rostro definió así
los alcances de la cofradía: “Al desatar la guerra interna, algunas víctimas
deciden su entrega a las autoridades en procura de protección estatal, y a
cambio suministran información para ubicar a integrantes de la terrorista
agremiación, iniciándose así la desarticulación del cartel”.
Y prosigue: “Pero otros
que habían sobrevivido al exterminio de los Moncada y los Galeano, pusieron en
marcha su plan de venganza para la ejecución del jefe del cartel y sus
esbirros, amparados por un aparato terrorista tan o más sanguinario que aquel
que el cartel había estructurado, acuñado bajo el rótulo de ‘los Pepes’,
destruyendo en el oriente, sur y suroeste antioqueño innumerables propiedades,
sumándose los crímenes de varios agentes cercanos al capo y sus abogados,
obligando a los familiares de este a viajar al exterior. Lo que condujo al
desenlace final el 2 de diciembre de 1993, ya conocido públicamente”.
Para los
investigadores, el origen de esta facción data de los días posteriores al 4 de
julio de 1992, cuando Escobar ordenó la muerte de sus socios Gerardo “Kiko”
Moncada y Fernando “el Negro” Galeano en la cárcel La Catedral, por considerar
que lo habían traicionado. Al doble homicidio le siguió el saqueo de sus
propiedades y la eliminación sistemática de sus trabajadores.
En indagatorias ante la Fiscalía, posteriores a su reclusión en el penal de Itagüí, Roberto Escobar Gaviria manifestó que “los Pepes” estaban conformados por antiguos socios del cartel de Medellín, paramilitares, la cúpula del cartel de Cali y miembros corruptos de la Fuerza Pública con apoyo del gobierno de E.U.
En indagatorias ante la Fiscalía, posteriores a su reclusión en el penal de Itagüí, Roberto Escobar Gaviria manifestó que “los Pepes” estaban conformados por antiguos socios del cartel de Medellín, paramilitares, la cúpula del cartel de Cali y miembros corruptos de la Fuerza Pública con apoyo del gobierno de E.U.
El grupo operó entre
1992 y 1993, detonando bombas, secuestrando, destruyendo edificaciones y
aplicando el sicariato desenfrenado (ver el recuadro).
Pese a estas conductas,
la justicia ha obrado con una sorprendente parsimonia. A la fecha, señalan
fuentes judiciales, apenas hay una sentencia contra “los Pepes” y el condenado
no pagará un solo día de prisión por ello, porque está muerto: Fidel Castaño
Gil, alias “Rambo”, precursor de las autodefensas en Colombia.
La sentencia con
radicado 11220-50217-0770 fue proferida por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado, el 30 de noviembre de 2001. En ese expediente fueron
procesados los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, así como Eugenio
León García Jaramillo, apodado “Lucho” o “el Taxista”.
Los delitos que les
endilgaban eran incendios, terrorismo, conformación de grupos armados ilegales,
homicidio agravado, porte ilegal de armas, lesiones personales y secuestro
extorsivo, por su presunta militancia en “los Pepes”.
No obstante, muchos de
quienes los denunciaron, incluyendo al propio Roberto Escobar, se retractaron a
lo largo del proceso.
En consecuencia, el
juzgado absolvió a Carlos, Vicente y García, y condenó a Fidel por apenas uno
de los delitos investigados: conformación de grupos armados ilegales.
La pena fue de 13 años
y medio de celda y una multa de 3.000 salarios mínimos legales vigentes,
proferida siete años después de su asesinato en San Pedro de Urabá.
Los informantes
En el citado expediente, así como en otros procesos contra lugartenientes de Escobar, hay múltiples referencias a dos integrantes de “los Pepes”, antiguos trabajadores del narcotraficante “el Negro” Galeano: alias “el Ñato” y “Semilla”, temidos por su crueldad contra los miembros del cartel.
En el citado expediente, así como en otros procesos contra lugartenientes de Escobar, hay múltiples referencias a dos integrantes de “los Pepes”, antiguos trabajadores del narcotraficante “el Negro” Galeano: alias “el Ñato” y “Semilla”, temidos por su crueldad contra los miembros del cartel.
En un fallo del Juzgado
Segundo Penal Especializado de Medellín (radicado 10.676-766C-E-H-99000430 del
21 de julio de 2001), se cita la declaración de un testigo, quien reseñó que
había ocultado la muerte de un secuaz de los Galeano porque “me daba miedo de
‘Semilla’ y ‘el Ñato’, que eran íntimos amigos de ‘Bocadillo’ (el occiso),
miedo de que me mataran o a mi familia si se enteraban de que yo lo había
hecho”.
El paso del tiempo
confirmó que estos motes hacían referencia a los hermanos Diego Fernando y
Rodolfo Murillo Bejarano.
Diego (“el Ñato”),
también apodado “don Berna”, llegaría a ser jefe de las organizaciones
criminales “la Terraza”, “la Oficina” y los bloques Cacique Nutibara, Héroes de
Granada y Héroes de Tolová de las Auc, así como inspector general de las
autodefensas de Colombia.
Lo extraditaron en 2008
y hoy paga una condena de 31 años en E.U., por narcotráfico.
“Semilla” fue asesinado
en un concesionario de carros de la avenida El Poblado, el 28 de octubre de
2001.
En uno de sus diálogos
con la prensa, Murillo reconoció que su grupo era el tercer puntal en la mesa
contra Escobar. Los otros dos eran la DEA y el gobierno colombiano.
Según estudios de
Inteligencia en poder de la justicia, estos hermanos fueron informantes del
Bloque de Búsqueda contra Escobar, cuando el comandante era el coronel Hugo
Rafael Martínez Poveda (1992/93).
A cada uno se le
asignaba un código, correspondiéndole a “el Ñato” el V0027 y a “el Taxista” el
V0016.
De “los Pepes”, el
Bloque contaba con cinco informantes reclutados y 36 voluntarios, entre los
cuales había antiguos socios del “Patrón”, como “Julio Fierro” (muerto) y
“Perra Loca” (extraditado); la lista de fuentes la complementaban 37 personas
que enviaban correos en Medellín, 96 que lo hacían en Bogotá y 802 catalogados
como “informantes casuales”.
De “los Pepes”
originales, han muerto los hermanos Castaño, “Doble Cero”, “el Tigrillo”,
“Semilla” y otros. El sobreviviente más visible es Murillo, ¿entonces por qué
la justicia no lo ha procesado por esos crímenes?
Duro de investigar
Entre 1997 y 1999 fueron asesinados por sicarios 12 investigadores del CTI de Medellín, los cuales tenían a su cargo investigaciones contra “los Pepes”, “la Terraza”, “la Oficina” y las Auc, es decir, las organizaciones en las cuales participaron “el Ñato” y sus amigos.
Entre 1997 y 1999 fueron asesinados por sicarios 12 investigadores del CTI de Medellín, los cuales tenían a su cargo investigaciones contra “los Pepes”, “la Terraza”, “la Oficina” y las Auc, es decir, las organizaciones en las cuales participaron “el Ñato” y sus amigos.
La Fiscalía 15 adscrita
a la Unidad Nacional de Justicia y Paz le imputó a Murillo las muertes de esos
servidores públicos el 4 de septiembre de 2012, porque este las había
reconocido durante las versiones libres ligadas a su reinserción.
El proceso de
confesiones marchaba sobre ruedas, Murillo había aceptado su responsabilidad en
los asesinatos de personajes tan sonados como el jurista Jesús María Valle y el
humorista Jaime Garzón, pero cuando la Fiscalía iba iniciar los interrogatorios
relacionados con las acciones armadas de “los Pepes”, un imprevisto ocurrió.
Murillo, desde la
prisión de La Florida, trató de dilatar el momento, al parecer, por temor a
delatar a algunos exaliados que ahora ocupaban cargos importantes en el
Gobierno, según una fuente cercana al extraditado, que pidió la reserva de su
nombre.
Luego la Dirección
Central de la Fiscalía la relevó de su cargo a la fiscal 15, Patricia Hernández
Zambrano, trasladándola a un despacho en Florencia (Caquetá). Ella, entre otros
casos, tenía a cuestas las versiones libres de Murillo y las indagaciones sobre
su supuesta militancia en “los Pepes”.
